Con sólo dos días
de diferencia, la excarcelación de María Julia Alsogaray[1]
primero y la de Omar Chabán[2]
después, generó una profunda consternación en la opinión pública argentina.
Ambos personajes se
han convertido con total merecimiento aunque por distintas razones, en figuras
emblemáticas del odio y rechazo de la opinión pública.
La excarcelación de
Alsogaray se produjo a los pocos días de que la ex-funcionaria enviara una
carta de lectores al diario La Nación informando que tanto ex-ministros como
ex-secretarios de Estado durante la gestión de Menen se habrían beneficiado con
el pago de sobresueldos. Luego, concedió un extenso reportaje al matutino
Clarín el domingo 8 de Mayo en el que
había implicado a José Luis Manzano, Gustavo Beliz, Oscar Camillón, Eduardo
Bauzá, Humberto Roggero y Jorge Rodríguez. En principio, el pago de
sobresueldos, maniobra a todas luces inmoral,
no sería ilegal, ya que responde a una facultad de gobierno de dictar
“leyes secretas” y es el argumento que estaban anhelando algunos exfuncionarios
que, siendo investigados por enriquecimiento ilícito, podrían acreditar así la fuente de sus
ingresos[3].
La lectura unánime en la opinión pública fue que su excarcelación respondía a
una maniobra por silenciarla.
En las primeras
horas posteriores a que la noticia se hiciera pública, los primeros
comentadores comenzaron a inculpar al gobierno de la decisión tomada. Lo que
“obligó” a los máximos funcionarios a declarar su descontento con el fallo:
“Pareciera que algunos tienen miedo de que hable” – Néstor Kirchner, Presidente [4]
“Llama la
atención, es llamativo que justo cuando comenzó a hablar... Parece ser como que
hubiera alguien interesado...”- Cristina Fernández de Krichner, Senadora
Nacional y Primera “ciudadana”.[5]
“Siempre queda esa sensación espantosa de
que en la Argentina impera cierto sistema de impunidad perversa que a
uno lo desgasta y por el que tanto este Gobierno lucha para evitarlo"-
Alberto Fernández, Jefe de Gabinete[6]
Casi paradójicamente una de las líderes de la oposición, quedó apoyando
la postura del gobierno: “El sistema de omertá[7]
funciona (...) No vuelve la justicia sino la impunidad” – Elisa Carrió, líder
del ARI.[8]
En vísperas de elecciones parlamentarias en Octubre y con la necesidad
de mantener el nivel de popularidad, los más altos funcionarios del gobierno
quedaron, aparentemente, entrampados por la situación. Si permanecían en
silencio ante la medida quedaban políticamente “pegados” pero al pronunciarse
en contra de la decisión judicial, violaron la independencia de poderes. Hecho
que, rápidamente fue señalado por el titular de Recrear, Ricardo López Murphy: “En principio, parece que se ajusta a derecho pero lo grave es que
generó la reacción de Kirchner sospechando de él. El presidente le da órdenes a
la justicia.[9]”.
El día jueves se
desata el “show mediático”, los diarios y las radios son copados por el tema.
El diario La Nación
publica inmediatamente los fundamentos del fallo: Para el tribunal que
liberó a Alsogaray, "la limitación de la libertad personal durante el
proceso desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al
convertirla en una verdadera pena anticipada, pues la aspiración social de que
todos los culpables reciban pena presupone que se haya establecido previamente
que son culpables".
En el fallo, de
cinco carillas, se argumentó que "la imputada siempre colaboró con la
investigación y se puso a disposición de la Justicia". [10]
Por su parte el
diario Clarín no transcribe el fallo, sino que hace un comentario: “... los
jueces Guillermo Madueño, Guillermo Gordo y Cristina Bértola, por unanimidad,
resolvieron hacer valer la “presunción de inocencia”[11]
y le concedieron la libertad sin fianza, bajo simple juramento.
El día viernes se
conoce la decisión judicial de excarcelar a Omar Chabán. Ya con los ánimos
caldeados, algunos medios de comunicación, se dedicaron a enardecer a la
población con mensajes absolutamente confusos. Por ejemplo, el canal Todo
Noticias (perteneciente al grupo Clarín), hace un video donde arremete con
todas las causas donde se produjeron excarcelaciones sin hacer la más mínima
aclaración acerca del tema ni del destino de esas causas. Diferentes programas
de radio y comentadores, siguen la misma política. Se habla todo el tiempo de
que en Argentina reina la “impunidad”, de la “indignación” de la gente, de la
“falta de justicia”.
Los familiares de
las víctimas de Cromañón rápidamente convocan a una movilización en rechazo de
la medida. Lo que es un legítimo dolor y malestar, es atizado por los medios
anticipando los enfrentamientos que se produjeron en ella.
En esos días, sólo
se escuchó a un periodista[12]
con la cuota de lucidez necesaria para poner un poco razonabilidad dentro de la
situación, a riesgo de generar antipatías entre sus oyentes y compañeros de
programa: Ernesto Tenembaum en el programa “Animados” que emite Radio Mitre
(también del Grupo Clarín).
Tenembaum se tomó
el trabajo de aclarar que “excarcelación” no es sinónimo de “inocencia”, alertó
sobre los peligros de cuestionar en bloque esta medida y dejó en claro con
datos que no pudimos retener en la memoria la falsedad del argumento de que
acá, en Argentina, la justicia es inoperante. Para ello, recordó una serie de
causas judiciales en las que fueron condenados ex funcionarios corruptos de
distintas administraciones. También hizo notar que, contra la idea de que esto
sólo pasa acá, en
numerosos países
donde hubo gobiernos seriamente acusados no sólo de corrupción sino de violar
los derechos humanos, no se investigó en absoluto. (Gob. de Franco en Estaña,
de Color de Melo en Brasil, etc.).
En estos días ha
comenzado a circular un mail solicitando se tengan en cuenta sus
atenuantes a la hora de juzgar a Romina
Tejerina que se encuentra presa.
Dice el mail: “Romina hace dos años que está presa, su
situación es consecuencia de una triple violación de los derechos humanos.
Fue violada y embarazada como resultado de esa violación,
el violador está en libertad, no pudo acceder al aborto porque se interpreta
que la ley lo penaliza y de hecho no es accesible.
En plena crisis puerperal quita la vida a la criatura
nacida como producto de la violación y es encarcelada. Estimamos que hay
voluntad de condenarla en el juicio sin considerar los atenuantes.”.
Esta vez la opinión
pública se expresa por la vía del consenso, peticiona se revise una posible
condena. Que se juzgue, pero que se tenga en cuenta la situación. Tal vez hace sospechar que no vaya a ser así, el
hecho de que Romina a diferencia de Chabán está presa. ¿Será que pone en riesgo
a otras personas o que podría fugarse?
Parece entonces que
son varias las variables en juego a la hora de hacer una lectura de los
acontecimientos que ponen el acento en “en
este país no hay justicia”, arenga de los medios en forma casi generalizada
en los últimos tiempos, lógica binaria y totalizadora que hace pensar que en
otros países la hay. Sin embargo ya un periodista ha mencionado lo falaz de tal
razonamiento. Bien, si no hay justicia, entonces ¿hay Ley de Lynch?
Recordemos que en
1780 Charles Lynch ejecutó a un grupo de conservadores sin darles la opción a
un juicio, esta acción fue conocida como ley de Lynch. De allí viene
linchamiento: ejecución sin proceso a un sospechoso o a un reo.
En los días de la
supuesta liberación de Chabán un padre cuyo hijo había muerto en Cromañón,
decía en TN: - “Va a correr sangre.
Sangre por sangre. Si lo dejan libre va a correr sangre”.
Por supuesto el
hombre tiene derecho al exabrupto que el dolor le genera, pero quien pone un
micrófono y no lo retira para que esto se amplifique pasándolo veinte veces por
día en la repetición de noticias, es responsable en parte, de los actos que se
generen. De aquí al linchamiento hay un paso al que alguien será empujado si la
irresponsabilidad a la hora de informar y preguntar se sigue sosteniendo.
Se equipara excarcelación
con inocencia. No los dejaron en “libertad”, están a disposición de la
justicia. Hablar de libertad es parte de la confusión mediática que convoca a “la gente” a exigir a los jueces que
no se respeten las garantías constitucionales (Olvidando que si se violan para
unos.... se pueden violar para otros). Se equipara legal y legítimo y se
presiona sobre la carne del que sufre para arrancarle un acto desesperado de justicia… ¿por mano propia?
La declaración antes mencionada de
Aníbal Fernández, el jefe de gabinete:
“Siempre queda esa sensación espantosa de que en la Argentina impera cierto
sistema de impunidad perversa que a uno lo desgasta y por el que tanto este
Gobierno lucha para evitarlo"-
hace pensar que para el funcionario habría una impunidad no perversa.
¿Será la impunidad pre-electoral? Esa que hace cruzar a un funcionario de un
poder a la vereda del otro, sabiendo que no corresponde. El mismo presidente
Kirchner declaró en un acto en Río Gallegos que la decisión de excarcelar a
Omar Chabán era: “cachetazo vergonzante para la sociedad
argentina[13]”. Y ante
los cuestionamientos de varios sectores a su presión sobre el Poder Ejecutivo
el presidente declaró que: "Estamos hartos de las presiones
corporativas, queremos que llegue la hora de la gente. Si quieren seguir
cargando sobre esta espalda que lo hagan, pero va a llegar la hora de la
gente"[14]. La injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, tiene un
tufillo demagógico que puede ser peligroso para un gobierno en el que muchos
argentinos confían el futuro de nuestro país.
Decisiones judiciales de la naturaleza de la
excarcelación de Chabán o de María Julia Alsogaray, no dejan de ser decisiones
políticas y como tales pueden ser mejores o peores. Las leyes no pueden no ser
generales y por lo tanto, injustas en la fría letra de la ley. Es función de
los magistrados del Poder Judicial interpretar las leyes y ajustarlas a cada
caso en particular. En ese sentido si son políticas y también, pasibles de ser
fallidas. Pero en estos casos irritantes, no dejan de ser acorde a derecho,
aunque nos disgusten Cuando se reclama que no se respete ese derecho para ellos
con el argumento de que hay miles de presos pobres encarcelados sin sentencia,
no se toma en cuenta que lo que se está pidiendo es que no se respete para
ninguno, ni para ricos ni para pobres, en lugar de exigir que se cumpla en cada
caso en particular de acuerdo a las circunstancias.
El Dr. Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema
de Justicia a instancias de este mismo gobierno, también quedó en una situación
por lo menos incómoda entre la defensa de su posición de “garantista histórico”
en cuanto a la aplicación de las leyes y su ideología de defensa de los
delincuentes comunes. Optó entonces por sostener
las instituciones en la legalidad de estos fallos que usaban sus propios
argumentos para beneficiar a delincuentes de “guante blanco”. El juez salió así al cruce de los dichos del
presidente:
"Hasta en la política hay ciertos limites éticos
y en consecuencia seria conveniente dejar a la Justicia trabajar tranquila, que
cada competencia decida lo que tiene que decidir, pero no intentar sacar
provecho, sacar votos, de una coyuntura tan calamitosa", dijo el
magistrado a radio Mitre.
Hasta en la política!!! ¿Hasta ahí dónde ”todo” es
posible, quiere decir el juez?
Parece entonces que la opinión pública queda
públicamente atrapada entre los tecnicismos de algunos jueces, la impunidad y
falta de ética pre-electoral y la manipulación mediática que va por más…
¿quiere sangre?
Otra posibilidad que también existe aunque
con menos divulgación es la de la pública opinión de quienes adhieren a los
pedidos de justicia frente a posibles impunidades y no ceden frente al bajo
raiting que generan. También van por más… tal vez van por la ética ausente en
los últimos acontecimientos.
[1] Ex funcionaria del Gobierno del expresidente Menen. En prisión
preventiva desde el 12 de agosto del 2003 por decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en una causa en
la que se la investiga por el presunto pago de sobreprecios en una serie de
refacciones que efectuó en la sede de la Secretaría de Recursos Naturales
durante su gestión.
[2] Administrador y uno de los dueños del boliche Cromañón que se
incendiara en Diciembre del 2004 produciendo la muerte de 193 jóvenes y cientos
de heridos. En prisión preventiva desde los primeros días de enero de 2005.
Está acusado de 193 homicidios simples.
[3] Por el tema de los sobresueldos, fueron citados a declarar tres
exministros menemistas: Domingo Cavallo, Oscar Camilión y Raúl Granillo Ocampo.
[4] Diario Clarín, jueves 12 de Mayo
[5] Diario Clarín, jueves 12 de Mayo
[6] Diario La Nación, jueves 12 de Mayo
[7] La Omertá es un código de silencio de origen siciliano que prohíbe a
los integrantes de los clanes mafiosos la colaboración con las autoridades.
[8] Diario Clarín, viernes 13 de Mayo
[9] Diario Clarín, viernes 13 de Mayo
[10] Diario La Nación, Jueves 12 de Mayo
[11] En negritas en el original.
[12] Seguramente, habrá habido otros que actuaron con la misma responsabilidad.
Sólo nos referimos a lo que pudimos escuchar y observar.
[13] Diario La Nación del 15 de Mayo
[14] Diario La Nación del 19 de Mayo
*Artículo publicado en la revista Psyche Navegante N°67 - www.psychenavegante.net
